Oposición argentina corre grandes riesgos

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La exmandataria argentina compareció ante el juez tras ser acusada de presunto encubrimiento en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 que dejó 86 muertos.
 

La recién electa senadora argentina Cristina Fernández acusó al Gobierno de Mauricio Macri de usar el Poder Judicial para “perseguir opositores” y así tener un “Parlamento sumiso”.

Durante una declaración a la prensa luego de comparecer ante el juez Claudio Bonadio, Fernández señaló que el Gobierno argentino tiene como objetivo silenciar a la oposición “ante el ajuste económico que viene”.

Asimismo, la también exmandataria de la nación destacó que “con ella no van a poder”, porque una vez que asuma su cargo de senadora el próximo 10 de diciembre, velará por los intereses por los que fue votada.

La exmandataria declaró este jueves ante los Tribunales por su presunto encubrimiento en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 86 muertos.

En reiteradas oportunidades Fernández ha denunciado una campaña mediática y judicial en su contra. En esta oportunidad volverá al juzgado a comparecer ante el juez Claudio Bonadio.

La expresidenta ingresó al juzgado por tercera vez a las 10H00 hora local (13H00 GMT), para entregar un escrito en el que negó encubrimiento de su parte.

Las investigaciones contra Fernández se originan tras una denuncia presentada en 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien estuvo a cargo de las averiguaciones sobre el ataque perpetrado en 1994.

El encubrimiento del que es acusado la exmandataria se produjo tras la firma de un documento, en la que según Fernández ocultó a altos cargos del Gobierno iraní que habían sido acusados por la justicia argentina de estar vinculados en el ataque de AMIA.

Cristina quien era presidenta para ese momento, fue acusada por Nisman de impulsar en 2013 un memorando de Entendimiento con Irán, en el que Buenos Aires y Teherán se comprometían a colaborar en las investigaciones. 

El acuerdo no se concretó debido  a que no fue ratificado por el Gobierno árabe y fue declarado inconstitucional por el país sudamericano. Sin embargo, las acciones del fiscal quedaron inconclusas debido a que cuando debía ratificar las acusaciones ante el Congreso, fue hallado sin vida.

(Telesur)

 

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