Por:Glenn Sambola
La injerencia en los asuntos de Nicaragua es elemento más perverso y consistente de la política exterior de Estados Unidos en el hemisferio. Precede incluso la guerra Hispanoamericana y sus ambiciones en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas por unos 48 años.
El primer acto de injerencia estadounidense en la política y desarrollo de Nicaragua ocurre el 19 de abril de 1850, cuando el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Middleton Clayton y el Ministro Plenipotenciario del Reino Unido, Henry Lytton Bulwer firman el Tratado Clayton – Bulwer.
Entre las provisiones de este tratado se destacan: (1) Ninguna de las partes obtendrá dominio exclusivo sobre un posible canal interoceánico, (2) Ninguna de las partes establecerá fortificaciones en las inmediaciones del canal, (3) Las partes utilizarán su influencia sobre cualquiera de los Estados o Gobiernos que pretendan reclamar jurisdicción o ejercer dominio sobre el canal, y (4) Las partes se comprometen a garantizar la neutralidad del canal, garantizando su permanente operación y la protección del capital invertido.
Una obvia contradicción, desde la perspectiva de los pueblos que ocupaban y continúan ocupando el territorio sobre el cual pasaría el canal interoceánico, es que ninguno de sus gobiernos fueron signatarios del tratado o siquiera fueron consultados. La arrogancia de Estados Unidos y Gran Bretaña se basaba en su capacidad de influir sobre las decisiones soberanas de gobiernos legítimos y debidamente constituidos. Gran Bretaña ejercía gran influencia sobre Belice (Honduras Británica), la Moskitia y las Islas Bahía, mientras el Congreso de Estados Unidos, consideraba la ratificación de tratados con Honduras y Nicaragua.
La firma del Tratado Clayton – Bulwer coincidió con una progresiva pérdida de la influencia británica en Centroamérica y el surgimiento del imperialismo estadounidense que hace eco de la Doctrina Monroe y la celebre frase “América para los americanos.”
En 1856, ocurre un segundo acto de injerencismo, cuando el filibustero, William Walker, contratado el año anterior por los liberales para combatir a los conservadores, se elige Presidente de Nicaragua, busca y obtiene el reconocimiento del Presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce. Las actuaciones de Walker, legitimadas por el Gobierno de Estados Unidos, sumerge a Nicaragua en la Guerra Nacional, causando la pérdida de miles de vidas centroamericanas y la destrucción de la infraestructura y economía nacional. Walker además, centra sus ambiciones en la ruta transístmica de la Compañía de Tránsito Accesorio de Cornelius Vanderbilt, obstaculizando su funcionamiento exitoso. Ello a su vez afecta los términos del contrato suscrito entre el Magnate Estadounidense y el Gobierno de Nicaragua en 1849, para construir, en un periodo de 12 años, el canal interoceánico.
El tercer acto de injerencismo de Estados Unidos fue perpetrado en beneficio de Nicaragua y en contra del Reino de la Moskitia. El General José Santos Zelaya, luego de alzarse con la Presidencia ordena al General Rigoberto Cabezas “reincoporar la Moskitia.” El 10 de febrero de 1894 las fuerzas del General Cabezas ingresan a la Moskitia bajo el pretexto de brindar apoyo y defensa al Reino contra un ataque inminente desde Honduras. Esa misma noche el General Cabezas procede a ocupar los puertos y edificios de gobierno. La población de la Moskitia organiza una milicia y logra expulsar a las fuerzas nicaragüenses el 7 de julio.
En septiembre de ese año, sin embargo, varias divisiones de marines estadounidenses, quienes arribaron a Bluefields en el navío USS Marblehead (C-11/PG-27), despachado para proteger los “intereses de Estados Unidos,” ocupan la ciudad, asegurando el regreso del General Rigoberto Cabezas y sus tropas. Ante esta asimetría de fuerzas y luego de la traición de algunos de los líderes de la Moskitia, se celebra la detestable “Convención de la Moskitia.” La ciudad es entregada al General Cabezas y la clase política y económica de la Moskitia es enviada al exilio en Jamaica y Belice, los colegios son cerrados, las tierras y las empresas confiscadas y la población marginada.
Este evento marca el inicio de las manifestaciones contemporáneas de racismo y discriminación hacia los pueblos afrodescendientes e indígenas del Caribe Nicaragüense y sienta las bases para una sistemática violación de sus derechos, reivindicados finalmente con la aprobación de la Ley de Autonomía en 1987.
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